Hoy se ha presentado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid el informe titulado «Un asunto toxico» de la periodista y documentalista francesa Stephane Horel (www.stephanehorel.fr). Posteriormente, eurodiputados de diversos partidos políticos han expuesto sus propuestas y puntos de vista sobre el tema. Podéis descargaros el informe pinchando aquí. Pero yo puedo haceros un resumen.
La legislación europea exige que las sustancias identificadas como perturbadores endocrinos (también conocidos como disruptores o EDCs) sean prohibidas. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea estaba encargada en 2009 de establecer la definición y los criterios de inclusión de una sustancia como perturbador endocrino. Según describe la autora, los grupos de interés (lobbys) de la industria química y la de la plaguicidas iniciaron una campaña para evitar que la DG de Medio Ambiente estableciera estos criterios consistente en desacreditar los estudios científicos independientes sobre EDCs y presionar a otras DGs creando alarma sobre presuntos perjuicios económicos y sociales de la prohibición de EDCs. A día de hoy la DG de Medio Ambiente no ha cumplido el mandato legal que recibió y no se prevé que lo haga antes del 2017.
La presentación de este informe genera una gran cantidad de incertidumbres ¿Es justo que intereses económicos privados se interpongan en la protección de la salud? ¿Están funcionando los mecanismos democráticos para la protección de la población más vulnerable? ¿Los investigadores que dependen inversiones privadas para su trabajo pueden ser independientes y objetivos?
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